Dos peruanos que fueron detenidos en posesión de 3,11 kilos de cocaína, liberados por un tribunal de sentencia, presidido por las entonces jueces penales de sentencia Haydee Barboza, Carmen Teresa Barrios y Mónica Rivas, en juicio oral y público el 6 de febrero de 2017, están siendo buscados por agentes de la Policía para un nuevo enjuiciamiento ordenado por la Cámara de Apelaciones. Junior Abel García Azañero, de 25 años, y Juan Manuel Huuman Villanueva, de 26, fueron detenidos el 2 de setiembre de 2015 en el microcentro de Ciudad del Este, en posesión de la citada sustancia prohibida y protegida por ley por policías antinarcóticos y puestos a disposición del fiscal Manuel Rojas, entonces en el turno especializado.
Los extranjeros fueron llevados a juicio oral y público ante un tribunal de sentencia, presidido por Haydee Barboza e integrado por sus colegas Carmen Teresa Barrios y Mónica Rivas, quienes, pese a las numerosas evidencias presentadas por el fiscal, resolvieron la absolución de los encausados y el levantamiento de toda medida restrictiva que pesaban sobre los mismos, confirmándose la teoría de que serían liberados por un puñado de dólares.
El fiscal Rojas recurrió a segunda instancia y el tribunal colegiado de segunda instancias, con la pre opinión del camarista Aniceto Amarilla y la adhesión del mismo por sus colegas Miriam Meza de López e Isidro González, revocaron el fallo de primera instancia y ordenaron el reenvió para un nuevo juzgamiento público el 21 de junio de 2017.
El nuevo tribunal de sentencias fue conformado por Graciela Ortiz de Villalba, Herminio Montiel y Alba Meza, quienes fijaron fecha para el juicio oral y público el martes 9 de los corrientes, presentándose solamente el fiscal y los integrantes del tribunal para el acto público, mientras los acusados peruanos ya abandonaron el país, apenas se dictó su absolución. El colegiado resolvió, a pedido del fiscal Rojas, declarar la rebeldía de los dos peruanos y, en consecuencia, su búsqueda internacional de manera a responder penalmente por sus actos.
Las tres magistradas que integraron el tribunal que absolvió a los extranjeros fueron procesadas y destituidas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Uno de los peruanos estaría en su país, mientras el otro seguiría en el rubro del tráfico en Bolivia, según los investigadores.
