La última causa que involucra al clan Zacarías fue derivada a la fiscalía adjunta por el fiscal Humberto Rosetti, luego de que cuatro procesados por perturbación de la paz pública hayan prestado su declaración indagatoria. Ante la inminencia del plazo para la presentación del requerimiento conclusivo, el referido fiscal resolvió remitir la causa al adjunto Edgar Moreno, quien había conformado un equipo de trabajo para atender las denuncias propiciadas por los Zacarías y contra los mismos, que coordina la fiscal Claudelina Corvalán e integrada por sus colegas Manuel Rojas y Miguel Ángel Alvarenga.
En ese sentido, ayer se confirmó la remisión de la última carpeta a la adjunta, probablemente para su envío a la capital del país, de acuerdo con los datos que recogidos en la fiscalía regional. Supuestamente, Aldo Florentín Barúa, Elvio Barúa Acosta, Derlis Barúa Acosta y Derlis Marcial González Genes, detenidos tras supuestamente invadir la residencia de los Zacarías-McLeod la noche del viernes 7 de setiembre del año pasado, produciendo cuantiosos daños materiales en la estructura de la vivienda, hecho denunciado ante el Ministerio Público.
El entonces fiscal Oscar Delfino resolvió imputarlos en base a las previsiones del artículo 234 inciso 1° del Código Penal, en concordancia con el 29 de la misma normativa, que los convierte en autores del hecho punible de perturbación de la paz pública. Wilfrido Adrián Cabrera, guardia de seguridad privada de la residencia, habría resultado herido tras los ataques de los procesados. La semana pasada, la abogada Yolanda Paredes, una de las representantes legales de los procesados, había solicitado ante el fiscal Rosetti, como diligencia inmediata, la ratificación de los denunciantes, hecho que habría motivado que la representación pública resuelva la remisión de la causa para su resolución por el fiscal adjunto, Edgar Moreno.
Se espera que la diligencia solicitada por la representación de los imputados, de manera a desvirtuar cualquier posibilidad de que extraños hayan ingresado a la residencia, atendiendo que era custodiada por funcionarios municipales, obligados a cumplir servicio de seguridad en el sitio, dijo Paredes.
