Activistas sociales no paran en sus cuestionamientos contra la Fiscalía en razón a que algunos fiscales siguen arrodillados ante el clan ZI, pese a que poder se debilitó enormemente. Ayer, se manifestaron nuevamente para exigir que Sandra y Javier Zacarías sean llamados a declarar como testigos en el marco de la causa abierta por supuesto hecho de perturbación de la paz pública en la que están imputadas cuatro personas como presuntos autores del hecho.
La abogada Yolanda Paredes señaló que la carpeta abierta por la fiscal Cinthia Leiva, quien imputó a Aldo Florentín Barúa, Derlis González, Derlis Barúa y Elvio Barúa Acosta, sindicados como quienes atropellaron la residencia de los Zacarías y protagonizaron destrozos en su interior, haya sido derivada a la unidad del fiscal Humberto Rosetti, de quien dijo, sigue siendo un secretario de los Zacarías.
Agregó que el próximo 9 de marzo vence el plazo establecido por el juzgado penal de garantías para la presentación del requerimiento conclusivo y, a la fecha, las únicas diligencias realizadas por el Ministerio Público fueron las indagatorias y el procesamiento de los cuatro citados y pese a los reiterados pedidos de que las supuestas víctimas testifiquen quedaron sin ser atendidas.
Paredes no ahorró epítetos contra los magistrados que se “arrastran” cuando Javier Zacarías les toca los dedos y les ordenen el direccionamiento de causas penales, cuyas diligencias deben ser garantizadas, pero que en el caso puntual no existe intervención jurisdiccional alguna y los fiscales siguen sometidos al régimen mafioso, enfatizó. Trajo a colación la decisión del juez Marino Méndez, quien debió inhibirse en entender de causas contra los ZI debido a su relacionamiento cercano con ellos, ya que su esposa había sido contratista de la Gobernación cuando Justo Zacarías se desempeñada como administrador departamental, siendo los hijos de Sandra y Javier, alumnos suyos en clases de Inglés.
Los jueces incapaces se dejan presionar aún por ellos, acotó la abogada, al citar el caso de la jueza Fátima Burró, quien deberá entender la denuncia por enriquecimiento ilícito, circunstancia en que el abogado Cristhian Cabral, se presentó a ordenar en la oficina de distribución de causas, que la misma quede a cargo de Amílcar Marecos. La Corte tiene poder sobre los jueces y es evidente que desde allí se sigue sosteniendo a este clan mafioso, concluyó la abogada.
