Una reunión rápida de la fiscal Nilsa Torales y sus funcionarios asignados a la unidad especializada de violencia familiar determinó hacer “brazos caídos” ante la falta de elementos de trabajo. Reclaman el escaso interés de las autoridades superiores de la región en materia de provisión de recursos para un ejercicio medianamente aceptable de sus funciones. Se pensó que a inicios de este año los problemas se solucionarían, pero este es el momento en que ya no “podemos costear de nuestro bolsillo los insumos básicos para efectuar nuestro trabajo”, dijo fiscal.
“No tenemos papel, tinta, falta funcionarios, ya es imposible diligenciar las causas por la cantidad de ingresos diarios y menos un vehículo asignado para realizar las tareas de campo. El departamento de asistencia a víctimas está colapsado, ya que fijan entrevistas para meses adelante, cuando las víctimas están expectantes de rápida atención que no pueden tener respuestas por la falta de gestión de los superiores. Desde ayer, no se imprimen escritos en la unidad y conforme dijeron funcionarios, sería una medida extrema para llamar la atención de abogados litigantes que hagan llegar su voz de protesta al adjunto Edgar Moreno, de manera a que se interese y atienda los reclamos de los inferiores”, acotó.