Al concluir la etapa preparatoria en el marco de la causa que por cohecho pasivo agravado y otros se siguió a cuatro agentes policiales, con destino en la comisaría 1ª de Ciudad del Este, y dos comerciantes, la fiscal Estela Mary Ramírez resolvió acusarlos con pedido de elevación de la causa para su discusión en contradictorio público.
Los procesados y acusados son el comisario principal Gustavo Vera Bertolo y los suboficiales Armando Sanabria Gauto, Adolfo Concepción Fernández Fernández y Víctor David Sanabria Gauto, todos domiciliados laboralmente al momento de ocurridos los hechos en la citada dependencia policial de esta ciudad, donde el primero de los citados se desempeñaba como jefe. Asimismo, por igual tipificación penal, fueron acusados los comerciantes Rosa Mabel Castro y Oscar Godoy Núñez, quienes igualmente afrontarán juicio oral y público.
Los hechos investigados ocurrieron el 15 de agosto del año pasado, siendo las 11:30 aproximadamente, según denuncia presentada por el brasileño Guillerme Costa Bueno. El extranjero dijo haber llegado al país con intenciones de comprar teléfonos celulares de alta gama, siendo llevado por un presunto guía hasta el salón número 6 del shopping Wu, donde realizó la transacción por 11 teléfonos Iphone, por los que abonó la suma 10.500 reales y fue invitado a pasar a otro salón para retirar la mercadería. Al salir a la vereda, Costa Bueno fue abordado por un agente policial uniformado, indicándole que debía subir a un automóvil blanco estacionado, ya que su acompañante tenía un arma de fuego en su mochila.
En el interior del rodado pudo identificar a Víctor Sanabria, siendo llevado directo al calabozo de la comisaría 1ª, donde le exigieron que se desnude y entregue 2.000 reales para que sea nuevamente liberado. Los agentes policiales sabían que ese monto era todo lo que contenía su billetera, cifra que les fue entregada y posteriormente trasladado hasta la cabecera del Puente de la Amistad, donde le ordenaron cruzar al lado brasileño.
Posteriormente, retornó al país para radicar la denuncia pertinente, siendo allanado el comercio primero y luego la comisaría donde fueron identificados cada uno de los uniformados que tuvieron participación en el caso. La fiscal Ramírez dijo que nunca fue informada del procedimiento, convirtiéndose la situación en un agravante para los policías, cuyo juzgamiento público solicitó al juzgado junto a los comerciantes.
La víctima sufrió un perjuicio económico de 12.500 reales en efectivo.
