La exintendente de CDE, Sandra McLeod de Zacarías, procesada por falsear datos en su declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República (CGR), con chicanas, logró ayer suspender por segunda vez consecutiva la audiencia de imposición de medidas convocada por juez penal de garantías de la capital del país.
Los fiscales especializados en hechos punibles contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, contra delitos económicos y anticorrupción, René Fernández, Josefina Aghemo y Luis Said, habían presentado imputación contra Mc Leod, su esposo Javier Zacarías, para quien solicitaron el desafuero ante la comisión permanente del Congreso, que ya lo convocó y desaforó por unanimidad con 52 votos a favor para ponerlo a disposición de los investigadores del caso.
Las inconsistencias encontradas por la CGR en las declaraciones juradas y los bienes que administra la pareja de procesados desde el 2006, tiempo en que la exintendente asumió como concejal municipal de la capital del Alto Paraná, merecieron la apertura del proceso. La mujer habría provocado un multimillonario perjuicio económico a la comuna de Ciudad del Este y también soporta proceso penal por la tipificación penal de lesión de confianza, hecho en el que también fueron procesados Alberto Rodríguez Florentín, Carlos Darío Bordón Bottino, David Cristhian Espínola Osorio, Juan Sanabria, Dora Elsi Rojas Espínola, Gustavo Adolfo Rojas Espínola, Lucía Rojas Espínola y Olga Beatriz Rojas Espínola.
La diligencia suspendida ayer no podrá ser realizada hasta tanto la Cámara de Apelaciones resuelva la consistencia o no de la imputación fiscal que, usualmente, llaman como “chicanas”, dado que son planteadas al solo efecto de prolongar una cuestión y no existe precedente de que en segunda instancia se haya repelido el inicio formal de una investigación. Sin embargo, ante las últimas coyunturas que generaron la pérdida de “status” del clan, se espera que la decisión sea contradictoria a los intereses de los procesados.
Un tercer proceso ya por enriquecimiento ilícito, cuya reapertura solicitó al Tribunal de Alzada el fiscal René Fernández, está aún pendiente de resolución en la sala penal de la Circunscripción local. De hecho, la interventora María Carolina Llanes había adelantado que con las evidencias arrojadas por la conclusión de su trabajo, Sandra McLeod no podrá salvarse de esa tipificación penal.
