La supercarretera de Itaipú es la principal ruta del contrabando con destino a Salto del Guairá y la zona norte del Alto Paraná, principalmente Itakyry, San Alberto y otras localidades. La mafia del tráfico de mercadería ingresada ilegalmente al país funciona a la perfección con la evidente complicidad de los funcionarios del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial Especializada (DETAVE), apostados en el único puesto de control aduanero, en Hernandarias.
Ayer, durante un breve recorrido, periodistas de La Clave constataron cómo operan los contrabandistas con la complicidad de los propios funcionarios del DETAVE y policías del Departamento Contra Delitos Económicos y Financieros. En el lugar, los funcionarios públicos, indudablemente, están al solo efecto de percibir coimas y recaudar para sí y para la corona, a juzgar por la estadística que no existe debido a la nula acción de los mismos.
En solo cuestión de quince minutos, el reportero gráfico de este matutino captó varias fotografías que muestran que los funcionarios del Estado solo se limitan a saludar a los conductores de los vehículos de todos los tamaños que transportan mercaderías de diferentes tipos.
De acuerdo con los datos revelados por fuentes de la propia institución, los aduaneros recaudan de diferentes formas, pues existen los contrabandistas que pagan cada viaje, mientras que están los otros que abonan el canon semanalmente, especialmente en el caso de las transportadoras que llevan mercaderías, sin control alguno, a diferentes puntos del país, principalmente a Salto del Guairá, además de los municipios con mayor movimiento comercial del norte del Alto Paraná, como Itakyry, San Alberto y Minga Porã.
ANTIGUO ADUANERO
El jefe del puesto de control del DETAVE de Hernandarias es Ignacio Franco, antiguo funcionario de Aduanas, quien tendría el visto bueno del director general de la institución recaudadora, el economista Julio Fernández.
De acuerdo con el trabajo investigativo de periodistas de este medio, los funcionarios a cargo de Franco, al parecer, no tienen como objetivo hacer frente al contrabando en el interior del país, sino simplemente recibir coimas para dejar fluir las mercaderías ingresadas ilegalmente a territorio nacional.
De esta forma, los empleados de la institución estatal, lejos de combatir el contrabando, se convierten en leales protectores de los contrabandistas, todo a cambio de dinero.
