Alrededor de 150 familias sujetas a la reforma agraria de la colonia Santa Lucía, Itakyry, se manifestaron ayer sobre la supercarretera Itaipu, a la altura del distrito de Minga Porã. Los carperos exigen a las autoridades del Indert respuestas concretas sobre las tierras y los títulos de sus inmuebles que hasta la fecha no se les entregó en casi 6 años de ocupación. Como medida de fuerza, los manifestantes cerraron la ruta en forma intermitente. Los manifestantes dijeron que las autoridades de turno del ente estatal deben solucionar de una vez por todas el conflicto que se genera en la zona ante la falta de seguridad jurídica, ya que los directores de turno solo llenas a los afectados de promesas que nunca son cumplidas.
El dirigente campesino, Juan Noguera, manifestó durante una entrevista telefónica que en la colonia Santa Lucía existen más de 500 familias que fueron reubicadas desde Ñacunday. Sin embargo, al menos 130 familias aún no recibieron la parcela de tierra que el Estado prometió.
Noguera señaló que a casi seis años que llegaron a Santa Lucía, ninguno de ellos cuenta con títulos de propiedad y aseguró que con lo único que cuentan es un derecho de ocupación que más bien no sirve para nada.
El líder de los carperos arremetió contra los funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), quienes desde la época de Justo Cárdenas y ahora Horacio Torres, se burlan de ellos con falsas promesas, teniendo en cuenta que no hacen un compromiso formal, ni ponen fecha de la entrega de los documentos de las tierras a los beneficiarios.
Los campesinos exigen que una autoridad competente del ente acuda a la colonia Santa Lucía y verifique uno a uno las parcelas adjudicadas. Asimismo dijeron estar cansados de ser engañados y que si en un plazo máximo de tres meses no tienen respuestas concretas del presidente del Indert, tomarán medidas más drásticas e irán hasta Asunción para buscar la solución definitiva al conflicto de Santa Lucía.
SUPERPOSICIÓN DE TÍTULOS
Según el líder de los campesinos, lo más grave que sucede en Santa Lucía es la desprolijidad con que los funcionarios se manejan en la zona. Por citar uno de los casos más frecuentes es la adjudicación de tierras que ya cuentan con beneficiarios o de lo contrario son tituladas, generando un conflicto entre colonos y campesinos.
ROSCA CORRUPTA
Una verdadera asociación criminal habría sido conformada por los funcionarios del INDERT para concretar millonarios negociados con ventas de tierras tituladas. Acorde con los datos, el propio presidente de la estatal, Horacio Manuel Torres, estaría al frente del vergonzoso esquema, que consiste en despojar de sus propiedades a colonos con tierras tituladas y entregarlas a supuestos “carperos” y estos las venden o arriendan nuevamente a sojeros de la zona de Minga Porã.
La grave denuncia salpica al presidente del INDERT, Horacio Manuel Torres Benítez, sobre cuyas espaldas pesan varias denuncias por estafa y están siendo investigadas en la Fiscalía de Villarrica, desde el 2018. La rosca corrupta está integrada además por el presunto interventor de Santa Lucía, Néstor Atilio de la Esperanza Galli Chamorro, y Andrés Benítez Ayala, quien también cuenta con nefastos antecedentes judiciales por estafa y como si fuera poco, al parecer, también es adicto a la drogas. Los citados funcionarios se estarían enriqueciendo con la concreción de millonarios negociados con un brasileño, identificado como Elton Robert Gaedke Seitenfus, quien sería testaferro del propietario de un silo de Minga Porã.
