El informe de la interventora Carolina Llanes y su equipo técnico revela que de manera criminal, la exintendente Sandra McLeod de Zacarías (destituida por la Cámara de Diputados) recaudó y malversó el dinero de los contribuyentes que debía ser destinado para los bomberos voluntarios de Ciudad del Este. En el 2018, solo el 6% de lo recaudado en concepto de tasa por “prevención y protección contra incendios”, además el “aporte y contribución para el Cuerpo de Bomberos” se derivó a la institución.
“Del total de lo recaudado en concepto de tasa por prevención y protección contra incendios, más el aporte y contribución para el Cuerpo de Bomberos” que se recaudó con el impuesto inmobiliario, de enero a noviembre del 2018, los ingresos totales ascendieron a G. 4.578.323.893, de este monto se transfirió a los Bomberos G. 256.122.078, que representa el 6% de lo recaudado, lo que demuestra que la ciudadanía no recibe la contraprestación del servicio acorde al cobro de una tasa”, indica la primera parte del informe de la intervención.
El informe de la intervención refiere además que no solamente se habría malversado el dinero recaudado para los bomberos voluntarios, sino las tasas cobradas no tienen asideros legales. “En la normativa de rango constitucional analizada, se materializa el Principio de Legalidad Tributaria o de reserva de ley, el que consiste en condición sine quanom para la exigencia de cualquier tributo. Respecto de las contribuciones percibidas por la Administración Municipal, bajo la denominación de Aporte y Contribución para Cuerpo de Bomberos, resulta de extrema notoriedad la inobservancia de lo establecido en la Constitución Nacional; ya que, si se parte del análisis primario de lo enmarcado en la Carta Magna en su Art. 179 De la Creación de Tributos: Todo Tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por la Ley, respondiendo a principios económicos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional. Es privativo de la Ley determinar la materia imponible, los sujetos obligados y el carácter del sistema tributario, hecho no verificado en el presente caso, ya que no existe ley que cree este tipo de contribuciones”, fundamenta en su informe
En varios párrafos del documento, se argumenta la ilegalidad de varios tributos y la falta de transferencias, por lo que concluye que se observa una gestión administrativa deficiente y cuestionable la gestión de Sandra McLeod, destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos. “Ante la constatación replicada de la no existencia de una disposición legal que la sustente, y por lo mismo, no hallada en la Ley 620/76 “Que establece el Régimen Tributario para la Municipalidades del interior del país, tampoco en la Ley 135/91 “Que modifica y actualiza disposiciones de la Ley ° 620/7 ”; considerándose consecuentemente un cobro ilegal por parte de la administración. Sumado a ello y conforme a los antecedentes obrantes en el proceso de reunión y verificación de lo actuado; obra la suma total de lo recaudado por la administración en dicho concepto, con la desventajosa circunstancia de que no fueron transferidos en su totalidad a los sujetos finales (bomberos), situación no menos gravosa y de suma importancia. En consideración a la inobservancia voluntaria, deliberada y reiterada de las normas legales que son imprescindibles en el quehacer administrativo municipal, y ante el quebrantamiento citado, se observa una gestión administrativa deficiente y cuestionable”, concluye en este punto el informe.
