La Contraloría General de la República (CGR) presentó ayer ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional su informe de la auditoría del ejercicio fiscal 2018 de la Municipalidad de Ciudad del Este, donde señala que se encontraron 90 irregularidades en la gestión de Sandra McLeod de Zacarías. El documento, igualmente, aclara que el reporte final y conjunto recién estará para agosto de este año, siendo este un informe preliminar.
El reporte fue enviado ayer al presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, diputado Antonio Salyn Buzarquis con el expreso mensaje que “dentro de las irregularidades hay cuestiones penales que son competencia de la Fiscalía y dudosas licitaciones que debe investigar la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”, refiere parte del informe.
El documento enviado por la CGR hace referencia a un total de 90 irregularidades cometidas en la administración McLeod, 60 más de lo hallado por la interventora de la comuna esteña, Carolina Llanes.
El informe de la Contraloría, igualmente, resalta que muchas de las irregularidades no pudieron ser detectadas a tiempo a raíz de que la administración municipal, a cargo de McLeod, impidió la realización de auditorías. “La reiterada y recurrente intención de evitar los controles valiéndose para ello de presentaciones antojadizas y de dudosa validez ante los estrados judiciales”, expresa parte del informe, revelando de esta manera las trabas impuestas por McLeod para evitar que su administración sea investigada por el órgano contralor.
El informe forma parte del trabajo coordinado entre la Contraloría y la intervención de la comuna esteña y, en tal sentido, puntualiza que se ha detectado desde la falta de comprobantes por el estacionamiento tarifado, pasando por la construcción de empedrados de pésima calidad hasta órdenes de pago genéricos, según el documento.
El reporte del órgano contralor revela el festín que hacía McLeod dentro de la Municipalidad de Ciudad del Este con los recursos públicos de los contribuyentes, situación por la que el Ministerio Público debería abrir una investigación contra la misma para aplicar las sanciones correspondientes y estipuladas en la ley.
