Siete concejales municipales de Ciudad del Este que propiciaron la aceptación de la renuncia de Sandra McLeod como intendente y en un acto insólito nominaron un nuevo presidente de la legislatura comunal, a la medida de las intenciones del clan ZI, soportan denuncia por una serie de hechos graves. La acción fue planteada por la abogada Yolanda Paredes, quien sindica como responsables de hechos punibles contra la seguridad de la convivencia de las personas, usurpación de funciones públicas, producción de documentos públicos de contenido falso e incitación a cometer hechos punibles y atentado contra el orden constitucional a los ediles Celso “Kelembu” Miranda, Neri , Chávez, Miguel Coronel, Alejandro Zacarías, Juan Ángel Núñez, Perla Rodríguez de Cabral y Javier Bernal.
Los acusa de haberse atribuido facultades legales propias del presidente de la Junta Municipal, Herminio Corvalán, para ejecutar el operativo ilegal, usurpando el cargo que el mismo ostenta y procediendo en forma indebida e ilegal a tratar temas inherentes al legislativo comunal. Paredes lamentó el trato recibido en la oficina de denuncias de la fiscalía regional por parte del asistente fiscal Ernesto Gamarra, quien se negó a recibir su escrito y se corrió hasta la fiscalía adjunta, con la excusa de que “tiene la obligación de comunicar cualquier denuncia contra las autoridades regionales al jefe directo”, siendo filmado en todos los movimientos realizados. Comentó que tuvo otro encontronazo en la unidad penal de turno, a cargo de Juan Manuel Ledesma, donde tuvo que forzar varias situaciones para llegar al titular, donde por respuesta encontró que el fiscal “estaba muy ocupado” para atender sus reclamos, presentados de manera formal.
Calificó de ridícula la actitud de la fiscal general Sandra Quiñónez, quien sigue rendida a los mandatos de una facción interna del Partido Colorado y responde directamente al ex presidente Horacio Cartes y al senador Javier Zacarías, omitiendo diligencias en torno al caso que refiere hechos gravísimos, como el atentado contra el orden constitucional, que deben ser atendidos con urgencia, resaltó la letrada.
Ayer, poco después de las 10 de la mañana, Yolanda Paredes reportó una llamada telefónica desde un número privado que amenazaba de muerte a su pareja, el senador Paraguayo Cubas.
