TIEMPO EN ALTO PARANÁ

En Minga Guazú denuncian benevolencia de uniformada en casos de abigeato

Pobladores de Minga Guazú están en zozobra a causa de los abigeos que ya faenaron más de 400 animales en los últimos años. Ante esta situación, los afectados se manifestaron frente a la subcomisaria 52ª del Km 30 de este distrito para pedir la remoción de la oficial inspector Deolinda Lezcano, quien sería cómplice de los cuatreros, según las denuncias, ya que con la venia de la misma los delincuentes operan con total impunidad. Exigen a las autoridades policiales y fiscales investigar el delito, detener a los autores y controlar el origen de la carnes vendida en los negocios de la zona.

Manifestación en el Km 30 de Minga Guazú.

Aproximadamente 500 personas se manifestaron frente a la subcomisaria 52ª, ubicada en el Km 30, fracción Piro’y de Minga Guazú. De la medida de fuerza también participaron concejales municipales y departamentales, además del intendente, Digno Caballero. Los vecinos del Km 25 al 34 relataron los reiterados casos de robo de ganado de los que fueron víctimas. Según indicaron, los cuatreros ya faenaron más de 400 vacunos de humildes labriegos de quienes robaron sus bueyes, lecheras y terneros.

Teodoro Galeano, de la comunidad El Triunfo, explicó que la situación se vuelve insostenible, teniendo en cuenta que los casos datan de hace tiempo y las autoridades hasta el momento no hicieron nada para solucionar el conflicto. Lamentó que los más afectados son las familias humildes de la zona.

Galeano contó que los bandidos operan con total impunidad debido a la ineficiencia o complicidad de los agentes de  la Policía de la zona. “Los ladrones cuentan con la protección de Deolinda Lezcano, titular de la subcomisaria 52ª”, aseveró el poblador.

Según el labriego, Lezcano fue removida al norte del departamento, pero fue trasladada nuevamente en Minga Guazú hace un mes, desde entonces ya se registraron una veintena de robo y faena de animales.

Alegó que pese a realizar las denuncias y presentar cuantiosas pruebas, los culpables no son detenidos. Los afectados sospechan de la existencia de una red corrupta que estaría “apadrinando” a los cuatreros.

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