Representantes legales de la suspendida intendente municipal de Ciudad del Este Sandra Mc Leod presentaron ayer en la Fiscalía regional una denuncia contra la interventora María Carolina LLanes y su directora de recursos humanos Susana Aquino por presunto hecho punible de coacción. Los abogados Bernardo Villalba y Eduardo González señalaron en su escrito que desde el inicio de la intervención se produjeron varios hechos irregulares en contra del patrimonio municipal y otros, que se convirtieron en despidos, sin que Llanes tenga facultades para hacerlo.
Sindican a ambas de encabezar una tenaz persecución contra funcionarios que se negaban a producir documentos falsos con los que pretendieron dar por ciertos hechos inexistentes, presuntamente cometidos por la suspendida administradora comunal. Los funcionarios fueron coaccionados a firmar documentos incriminatorios falsos y aquellos que no cumplían dichos propósitos irían a parar “conmigo a la cárcel”, señala parte del escrito.
En el mismo aparecen nombres, como Andrés Benítez Ortiz, encargado del vertedero, a quien presuntamente le hicieron firmar documentos referentes a un contrato de la comuna con la firma Ingesa, sobre control de camiones con cargas, cuyos pesajes no se realizan. También apuntaron a la funcionaria Liz Paulina Genes Salinas, encargada de impuesto inmobiliario, quien habría sido víctima de coacción grave por el equipo interventor, en los expedientes de Atilio Andrés Celano Paoli y la empresa Tiegari SA, beneficiados con los descuentos resueltos para quienes abonaban sus impuestos en determinado tiempo y por resolución de la Junta Municipal, homologada por la interventora denunciada.
En el escrito se instala igualmente que Antonio Fernández Romero, secretario general del sindicato de funcionarios municipales, creado a iniciativa de Sandra McLeod, a quien recurrieron varios asociados para denunciar hechos de coacción grave, con constancia del “modus operandi” de la interventora y su equipo. La denunciante requiere que la causa sea tramitada en una unidad de la fiscalía regional y que previo a los trámites de rigor, se proceda al procesamiento penal de Llanes y los demás presuntos responsables del hecho.
