TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Juzgado de garantías llama a McLeod para ser oída e imponerle medidas

El juez penal de garantías de feria de la capital, Gustavo Amarilla, dio trámite ayer a la imputación presentada por los fiscales René Fernández, Josefina Aghemo y Luis Said, por la comisión del hecho punible de declaración jurada falsa que investiga a la suspendida intendente de Ciudad del Este, Sandra McLeod, y su esposo, el senador Javier Zacarías, cuyo pedido de desafuero fue girado a la comisión permanente del Congreso.

Sandra McLeod, suspendida intendente de CDE, fue llamada a presentar su descargo. El juez remitió pedido de desafuero del senador Javier Zacarías a la comisión permanente del Congreso.

Al aceptar la imputación, el juez llamó a la indiciada para su audiencia de imposición de medidas el próximo 14 de febrero, a las 08:30, en su despacho, en el Palacio de Justicia de Asunción. El hecho fue realizado ante la Contraloría General de la República, donde los procesados no declararon la totalidad de su patrimonio, que los iban aumentando conforme se sucedían las publicaciones de un matutino capitalino que investigó el hecho en base a la declaración jurada presentada ante la CGR por la familia Zacarías-McLeod.

Las inconsistencias entre los ingresos y egresos motivaron un exhaustivo análisis por parte de los fiscales especializados que firmaron el primer requerimiento el martes último, lo presentaron ante el juzgado con pedido del beneficio de medidas alternativas a la prisión preventiva para la pareja de procesados, por la calificación de delito al tipo penal. Los montos multimillonarios declarados por los Zacarías, abrieron una andanada de sospechas a los investigadores, ya que era la intendente suspendida quien contaba con un ingreso fijo por el cargo que ostentaba, que contradecía en montos a las declaraciones juradas presentadas.

El mismo día que presentaron la imputación, los fiscales de unidades especializadas, requirieron al juez Amarilla la reapertura de la causa 2523/04, planteada contra la misma pareja por las abogadas Kattya González y María Esther Roa, por la tipificación penal de enriquecimiento ilícito, cuya expectativa de pena es calificada como crimen y ante una eventual  imputación, deberá haber pedido prisión preventiva para ambos.

El juez aún no dio trámite a la diligencia, atendiendo que la misma había sido desestimada por el fiscal que investigó el caso, el adjunto especializado y el mismo fiscal general del Estado, hoy recluido por la misma calificación, en el penal militar de Viñas Cué. El magistrado no descartó la posibilidad de que próximamente se estaría expidiendo sobre el caso.

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