El intendente de Hernandarias, Rubén Rojas, cuestionado por varios casos de presuntas irregularidades, fue emplazado por la jueza de Ciudad del Este, María Luisa Añazco, para responder un pedido de información pública, relacionada a fondos de royalties y Fonacide. Un grupo de activistas sociales presentó el pedido y luego un amparo constitucional, conforme a las leyes 5.189/2014 y 5.282/2014.
El juzgado penal de la Adolescencia nº 2 de Ciudad del Este, interinado por la magistrada María Luisa Añazco, fue sorteado para estudiar un amparo constitucional presentado por los ciudadanos de Hernandarias, en el que solicitan informaciones públicas sobre la administración del intendente de esta ciudad, Rubén Rojas, tras negarse a ofrecer las documentaciones requeridas.
La notificación de la jueza debía recibir el intendente Rojas el martes último, siendo emplazado por tres días para explicar el motivo de la falta del cumplimiento de las leyes de transparencia.
Los activistas sociales Julio Espínola, Derlis Talavera y Ramón Echagüe González fueron los que presentaron un amparo constitucional ante la Justicia. Afirmaron que el año pasado presentaron el pedido a la Municipalidad para conocer el destino de los recursos provenientes del Fonacide y Royalties, además de los fondos transferidos por el Ministerio de Hacienda, en el período comprendido entre enero y setiembre de 2018.
El cuestionado intendente de Hernandarias, si persiste en negar judicialmente la información, se expone a una multa de 300 jornales, además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos por dos años, situación que afectaría la intención del jefe comunal de presentarse de nuevo a las elecciones municipales en el 2020.
Rubén Rojas siempre se autocalifica por ser el intendente más transparente, pero un simple pedido sobre informaciones públicas responde a los ciudadanos.
