Las Sociedades Anónimas (SA) brindan una facilidad a las personas públicas para formar parte de una empresa, pues hace que los nombres de los directivos se mantengan prácticamente escondidos. Es por esta razón que los políticos y funcionarios públicos casi normalmente optan en formar parte de este tipo de empresas, todo por mantenerse en el anonimato, pero con absoluta influencia sobre los demás socios.
En mayo de este año, justamente fue tratado en la Cámara de Senadores el proyecto de ley en torno a las sociedades anónimas. Fue para evitar que las empresas sean utilizadas para el lavado de dinero. Si bien la ley que regula las sociedades anónimas fue modificada, tampoco está direccionada a combatir la utilización del dinero malhabido que, finalmente, terminan blanqueándose y convirtiendo en empresarios a políticos y funcionarios públicos, así como ocurre con la familia Caballero Vargas.
Los miembros del “clan” Caballero tienen varias empresas que, en su mayoría, están constituidas como sociedades anónimas.
