La influencia política y económica a la que se somete al Poder Judicial y al Ministerio Público, en detrimento de la ciudadanía, por políticos que hacen uso y abuso de su cercanía con el gobierno de turno, amerita una profunda reforma, de tal manera a eliminar esta vieja práctica que azota a todo el país, dijo con muy buen criterio a este diario el diputado del PLRA, Oscar González Drákeford.
Entrando en detalles, agrega el parlamentario que la presión política que ejerce el clan Zacarías sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público de Ciudad del Este agudiza cada vez más el conflicto desatado entre el legislativo y el ejecutivo comunal. Expresó que mientras dure el sometimiento de las instituciones legalmente conformadas a las instancias que mal utilizan el poder político del momento, el país va a seguir también sometido a este tipo de prácticas que en nada ayuda para su desarrollo social y económico.
No caben dudas que el Poder Judicial y el Ministerio Público están fuertemente influenciados política y económicamente por ciertos políticos que se aprovechan del acercamiento que tiene con el gobierno y ejercen presión sobre la Justicia para ser favorecidos en determinados casos, tal como está ocurriendo en Ciudad del Este, donde varios concejales están soportando un proceso judicial, por el solo hecho de que están haciendo su trabajo. Esta situación nos demuestra que el Poder Judicial y el Ministerio Público están fuertemente influenciados por el sector político, que saca provecho, personal y familiar, al ejercer presión sobre ambas instituciones.
Para González Drákeford, dependiendo del resultado electoral de diciembre y luego, en abril, es posible iniciar una verdadera reforma judicial desde el Congreso para cambiar este sistema perverso y nefasto. Es que resulta imposible que el Paraguay se convierta en una nación próspera, moderna y con chances de inserción provechosa en el mundo mientras el país no emprenda la impostergable tarea de reformar la Justicia. Así como está, integrado mayormente por magistrados moralmente deteriorados y sujetos a los dictados del poder político partidario, el Poder Judicial constituye un severo obstáculo para que puedan cumplirse los justos anhelos de días mejores que abriga la abrumadora mayoría del pueblo paraguayo. La transformación de esta institución es una cuestión de supervivencia para la República.
La impunidad está dada por la absoluta falta de independencia del Poder Judicial. En el Paraguay, la Corte Suprema de Justicia fue directamente parcelada por el poder político, con el objetivo principal de que, al dictar sentencias, sus integrantes respondieran invariablemente a los dictados de los caciques partidarios que tuvieron a bien auspiciarlos para ocupar la más alta dignidad del orden judicial.
Como el parlamentario, realmente se impone que el país emprenda la ciclópea misión de reformar el sistema judicial paraguayo como un imperativo ineludible. Transformación, por cierto, que de ninguna manera debe implicar la mera renovación de los integrantes de la Corte, puesto que ningún sentido tiene cambiar a los actuales ministros por otros que también sean simples vasallos del poder político-partidario. Se impone una reforma amplia, profunda y sistemática en el Poder Judicial, algo imprescindible para que el país pueda finalmente embarcarse hacia nuevos – y mejores – rumbos.
