Un total de 17 de los 20 imputados, entre directivos y funcionarios de la Universidad Nacional del Este (UNE), acudieron ayer a la audiencia de imposición de medidas ante el juez Carlos Vera. La nómina incluye al rector Gerónimo Laviosa, el exrector Víctor Brítez y los decanos de Politécnica, Eustaquio Martínez, y Blanca Tottil de Moreno, de Filosofía. Igualmente se presentaron algunos docentes acusados de haber cobrado millones de guaraníes de forma irregular, en complicidad con las autoridades la institución. Existen posibilidades que la imputación se anule debido a la falta de fundamentación, revelaron fuentes judiciales.
Tres de la veintena imputados por los supuestos hechos punibles de estafa, lesión de confianza, cobro indebido de honorarios, producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso, no se presentaron ayer, a la audiencia fijada en el Juzgado, aunque justificaron su ausencia. En tanto que los 17 se presentaron con sus respectivos abogados, ofreciendo caución personal y real, para obtener la medida alternativa a la prisión, recomendada por el fiscal de la causa, Miguel Ángel Alvarenga. Algunos de los que se hicieron presentes no presentaron los documentos en orden y fueron intimados a subsanar en un intervalo de 20 días, explicó el juez de la causa, Carlos Vera.
El rector Gerónimo Laviosa y el exrector Víctor Brítez fueron los primeros que se presentaron para la audiencia. Su defensa fue ejercida por el abogado Pablo Lezcano, actual funcionario de la UNE, que percibe justamente un salario de más de G. 10 millones. Los citados son considerados los principales responsables de todas las irregularidades que se registraron en la UNE, pues ambos eran las máximas autoridades, Brítez rector y Laviosa vicerrector, en el tiempo en que se registraban las presuntas irregularidades.
Sin embargo, tampoco quedan atrás los decanos Eustaquio Benítez, de Politécnica, y Blanca Tottil de Filosofía. Los mismos habrían sido cómplices de una serie de hechos irregulares.
El resto de los que se presentaron a la audiencia son docentes y funcionarios administrativos. En caso de los educadores son sindicados de haber cobrado honorarios de forma indebida. En tanto que los funcionarios están acusados de haber fraguado documentos, lo que constituye producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso.
La Fiscalía tendrá un plazo de seis meses para presentar su acusación contra los imputados, cuya investigación se inició formalmente ayer, tras la audiencia ante el Juzgado. En cuanto al escrito presentado por el fiscal Alvarenga, existiría una total desprolijidad, atendiendo a que no argumentó su imputación, lo que podría representar la nulidad de la imputación, revelaron fuentes fidedignas del órgano jurisdiccional.
