Cinco implicados en el supuesto ataque y destrucción de la comunidad indígena de la parcialidad Avá Guaraní, en Itakyry (Alto Paraná), fueron acusados por el fiscal Víctor Adolfo Santander como conclusión de una investigación por coacción grave, producción de riesgos comunes, detentación y violación de ley de armas. El representante del Ministerio Público solicitó la elevación de la causa a juicio oral.
Entre los acusados figuran el gerente de Industria Paraguaya de Alcoholes SA (Inpasa), Roberto de Souza André; el abogado de la firma, Marcos Javier Torales Paniagua, el hijo de éste, Marcos Torales Alcaraz; además de Ismael Barrios, empleado de la empresa, y Luciano Villalba, el anterior líder de la parcialidad Avá Guaraní, quien vendió irregularmente y sin ningún documento la tierra a la referida alcoholera.
El atropello se produjo el 8 mayo del presente año, siendo las 13:00 horas aproximadamente, oportunidad en que los hoy acusados ingresaron violentamente a la comunidad Ysatí, armados con fusiles, rifles y escopetas y derribaron la escuela básica número 7.698 “Kara’i Poty”. Al día siguiente, los acusados y otros hombres fuertemente armados destruyeron 15 viviendas de los nativos y le prendieron fuego.
Además, los atacantes efectuaron disparos con todo tipo de armas de fuego que pusieron en riesgo la integridad física de mujeres embarazadas y niños que se encontraban en el sitio. Asimismo, destruyeron totalmente cultivos de autoconsumo con pesadas maquinarias y casi de inmediato empezaron a remover la tierra preparando nuevos cultivos ya de la firma Inpasa.
Según la investigación fiscal, Luciano Villalba fue el anterior vacique de la comunidad tomada por asalto y el mismo habría llegado a un acuerdo económico con el abogado Marcos Torales para que los miembros de la comunidad abandonen el lugar.
Sin embargo, los actuales líderes de la parcialidad, Filemón Vázquez Vargas y Simón Benítez Medina, y los demás ocupantes se negaron a salir de la comunidad, radicaron la denuncia contra los responsables del ataque criminal y presentaron documentos que acreditan que el inmueble pertenece a la etnia. Los mismos declararon que hace más de 15 años que ocupan el inmueble.
Una comitiva fiscal-policial, encabezada por Adolfo Santander, intervino en la comunidad nativa, recogió varias evidencias y, en base a estos elemento el representante público presentó primeramente la imputación y ahora la acusación contra los responsables del ataque criminal.
