Una vez más, sombras negras de dudas se ciernen sobre la actuación de magistrados, respecto al caso que involucra a un narcotraficante. En este caso, se trata de los camaristas Aniceto Amarilla y Myrian Meza, quienes concedieron la eximición de prisión al narco Felipe Santiago Prieto, imputado por haber baleado a un joven, además de contar con frondosos antecedentes penales. Para el presidente del Colegio de Abogados del Alto Paraná, abogado Mauro Barreto, quedan pocas dudas de que habría corrido dinero para otorgar rápida libertad al detenido.
En los últimos años, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó o suspendió a muchos jueces involucrados en casos similares, por haber concedido o consentido medidas sustitutivas a la prisión preventiva a favor de presuntos involucrados en el tráfico ilícito de drogas. El propio Colegio de Abogados hace permanentemente denuncias sobre las actuaciones dudosas de jueces, fiscales y camaristas, quienes llamativamente ostentan un nivel de vida que no condice con sus respectivos salarios.
De hecho, no es ningún secreto que la zona fronteriza con el Brasil parece ser muy propicia para el comercio ilegal de estupefacientes, cuyos perniciosos efectos sobre el Estado y la sociedad son bien conocidos. Su capacidad corruptora es enorme. Resulta evidente que su largo brazo llega hasta el Poder Judicial y el Ministerio Público. Sea que dicten resoluciones irregulares por temor o por codicia, evidentemente hay miembros que prevarican, incurriendo también ellos en un hecho punible de acción penal pública. Los narcotraficantes disponen de la violencia y del dinero para torcer la voluntad de más de un magistrado o fiscal, y ni qué decir para convertir en cómplices o encubridores a más de un agente policial.
Es hora de preguntarse hasta qué punto estos peligrosos y poderosos delincuentes están infiltrados en el aparato estatal o cuántos de los que deberían combatirlos están a sueldo de ellos. Es claro que tanto el Poder Judicial y el Ministerio Público como la Policía Nacional y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) deben depurar sus filas antes de que la infección avance aún más.
Pero, lastimosamente, la corrupción judicial no es tema de debate en la actual campaña política, con miras a las elecciones presidenciales del 2018. Resulta obvio que la Justicia, la que debía ser la gran jueza neutral, justa, eficaz y principal verdugo de los culpables, después de la caída de la dictadura, en 28 años, se convirtió en la defensora principal de los corruptos y delincuentes de toda laya.
Según el último informe de Competitividad del Foro Económico Mundial, la Justicia paraguaya está ubicada entre los últimos lugares de independencia judicial. Está en el puesto 132 de 138 países, ganándole por escasos puntos a Burundi, uno de los más pobres del mundo, golpeado por guerras civiles, y Venezuela, donde impera una dictadura.
Dos poderes del Estado son claves para iniciar el proceso de depuración e institucionalización: el Legislativo y el Ejecutivo. Ambos saben que una justicia independiente afecta especialmente sus intereses. El político dejará de tener a su fiscal, su juez y su ministro. Dejará de manejar la elección de jueces y dejará de ser el garrote a través del Jurado de Enjuiciamiento.
Lo más preocupante es que ninguno de los candidatos, ya sean colorados u opositores tienen como discurso central la reforma judicial. Una omisión que habla mucho de ellos. Un silencio ensordecedor que vaticina la consolidación de un sistema que atenta contra la misma democracia. Si no se toman los recaudos, más temprano que tarde, el país se convertirá en una cáscara institucional donde los políticos corruptos y el crimen organizado, aliados con una Justicia débil, poblada por jueces venales, se alían para hacer trizas el estado de derecho.
