El poder del presunto narco Felipe Santiago Prieto ganó notoriedad desde un principio, cuando logró que la fiscal interina de su causa, Denice Duarte, dicte dos resoluciones con el mismo número, pero de contenido diferente. Fue tras una denuncia presentada por el joven Gabriel Ángel Quintana Acuña, de 29 años, a quien el ahora liberado hirió a tiros, el 16 de diciembre del año pasado.
Tras retornar la fiscal titular del caso, luego de un permiso, Karen Chaparro, dictó nuevamente una resolución y ordenó su detención, pero en el sistema informático jamás apareció su nombre, debido a que los agentes de esa repartición lo protegían. Sin embargo, cuando Prieto nuevamente fue protagonista de un escándalo, tras ser atacado a tiros en una cancha de vóley en Minga Guazú, la fiscal de la causa se enteró que los policías no contaban con la orden de detención del encausado. Entonces se trasladó personalmente hasta la sección Informática y ordenó que se ingresara en el sistema la orden de captura y se custodiara al presunto criminal que se encontraba hospitalizado. Pero al día siguiente, cuando lo uniformados llegaron al nosocomio para cumplir la orden, Prieto ya no estaba.
Ante esta situación, tanto la jueza Dólica Giménez como la fiscal Karen Chaparro decidieron formular una denuncia formal contra los policías ante la Comandancia, por supuestamente, proteger al presunto narco.
La juez de la causa, Dólica Giménez ni la fiscal Karen Chaparro no conocían que ya el 13 de octubre, los camaristas beneficiaron a Prieto con una resolución.
