Los controles sobre la supercarreter, en inmediaciones del zoológico forestal de Itaipu, ejercidos por agentes de la Policía Nacional y de la Patrulla Caminera, se manejan con absoluto hermetismo. Es que en el juzgado de Hernandarias, donde debería diligenciarse los casos de alcotest y otras infracciones, como carencia del registro de conducir, no hay una sola causa, revelaron fuentes judiciales. El inspector Rodolfo Maldonado, jefe de la Patrulla Caminera en Alto Paraná, confirmó que por semana, surgen entre tres a cinco casos de alcotest u otros infractores de hechos punibles, que informan a la Fiscalía de Hernandarias. Esto evidencia que los fiscales estarían tomándose atribuciones judiciales.
Los controles ruteros ejecutados por uniformados de la Policía y Patrulla Caminera sobre la supercarretera Itaipu, en Hernandarias, estarían plagados de irregularidades, según las denuncias. Además de los agentes, la Fiscalía también integra el esquema para coimear a los infractores. Esta sospecha gana firmeza atendiendo a que, según informaciones oficiales, no hay una sola causa en el juzgado hernandariense, a pesar de ser el único órgano oficial que debe entender en los casos de violaciones de la ley de tránsito, siempre que dejen de ser infracciones administrativas, especialmente, cuando los resultados de alcotest arrojan positivo, o la carencia del registro de conducir, ambos casos muy comunes en los controles ruteros.
FISCALÍA
De acuerdo con los datos proveídos por el jefe de la Patrulla Caminera del Alto Paraná, inspector principal Rodolfo Maldonado, cada semana surgen, al menos, cinco casos de conductores que dan positivo a alcotest, que superan los límites administrativos (0.80 %), y que son remitidos a la Fiscalía de turno. Uno de los fiscales es Alfredo Acosta Heyn, mientras que otro que estuvo hasta dos semanas atrás es Enrique Gómez, quien fue removido del cargo y en su lugar, designada a la fiscal Natalia Montanía. De esta forma, se evidencia que los dos primeros se encargaban de dar salidas procesales a los infractores, pues no remitieron ni un solo caso al juzgado en lo que va el año, revelaron fuentes judiciales.
GRAN NEGOCIADO
Al parecer, los controles ruteros no solamente favorecen a los agentes de la Policía Nacional y de la Patrulla Caminera sino también a los fiscales de Hernandarias. Es que cada caso, para dar salidas procesales, el costo ronda los 2 a 3 millones de guaraníes. Es decir, resulta un gran negociado a los fiscales, quienes deberán dar explicaciones de todos los casos que ya se “cocinaron” en las dos unidades.
