Es sumamente grave lo que está ocurriendo en el Alto Paraná, donde prácticamente registramos un quiebre del Estado de Derecho, ante la terrible acumulación de poder de un clan familiar, que hace y deshace en la capital departamental y toda la zona. Es inadmisible que concejales municipales, con la autenticación del voto popular, sean tratados como meros criminales, simplemente porque se oponen a los robos y saqueos a los que este clan somete a la Municipalidad y a la Gobernación, por mencionar algunas de las instituciones públicas donde más influencia tiene.
Vemos a funcionarios municipales prácticamente convertidos en “fuerzas parapoliciales”, para enfrentar a los concejales, que nada más estaban exigiendo el pago de sus dietas, atrasadas hace meses. Vemos a agentes policiales convertidos en títeres del clan, respondiendo a cada orden dada por el autodenominado “líder político nacional”, Javier Zacarías. Vemos a agentes fiscales, desestimando todas las causas sistemáticamente, donde aparece involucrado algún miembro de este grupo político. Vemos a jueces, camaristas e incluso ministros de la Corte, también cumpliendo “órdenes” de este supuesto “asesor” del presidente Horacio Cartes, quien en estos cuatro años de gestión, jamás ha dado alguna señal de querer desprenderse de sus amigos indeseables.
Al contrario, pareciera que el poder, la prepotencia y arrogancia de estos personajes crecen cada vez más, ante la impotencia de un pueblo que observa cómo las instituciones públicas, ya sea Contraloría, Tribunales de Cuentas, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, etc., etc., se doblegan ante el poder político de esta gente.
Resulta totalmente comprensible entonces el hartazgo de los concejales municipales y sus seguidores, y aunque los agoreros y medios de prensa alquilados o comprados quieran desinformar, la violencia no proviene de los concejales y de la ciudadanía, sino del propio clan, que violenta todos los derechos, que agrede de manera perversa y nefasta, privando a la población de una vida más digna, que cínicamente entrega migajas, y cree que con eso convencerá a la gente que sus principales referentes, como Sandra McLeod y su esposo, son versiones “modernas” de la madre Teresa de Calcutta, Mahatma Ghandi o Nelson Mandela, por citar algunos ejemplos.
Tiene razón el abogado Nicolás Russo, exconcejal municipal, cuando afirma que en Alto Paraná vamos camino a la mejicanización, con la desaparición de facto del sistema jurídico, totalmente servil a los intereses de los poderes fácticos. Se llegó al colmo de que la intendente, como ya no tiene a una Junta Municipal obsecuente a su disposición, decide “gobernar” con la ayuda de jueces genuflexos y pusilánimes.
Si no se hace una profunda reforma dentro del funcionamiento del Estado, hoy dirigido para que los actores políticos manejen los demás poderes, jamás habrá avances en el combate a la corrupción en el país, y consecuentemente, tampoco habrá reducción de la miseria reinante, porque la corrupción priva a los más humildes de una vida más digna.
Está claro que con Horacio Cartes en Palacio de López, esto no se logrará jamás, por lo que queda apostar todas las fichas, primeramente en las internas coloradas, a evitar que estos nefastos personajes sigan en la función pública. Luego, darles el golpe de gracia en las generales de abril próximo y finalmente, castigarlos por todas las atrocidades que cometieron, a partir de agosto del año venidero. Que no quede impune ninguno y que sirva de ejemplo para otros que quieran imponer la tiranía de la corrupción, en cualquier punto de nuestro país.
