Concejal habría cajoneado una resolución para no intimar a Godoy

El intendente de Presidente Franco, Roque Hernán Godoy, debía ser intimado vía resolución desde la Junta Municipal en estos días para rescindir el contrato con la empresa recolectora de residuos sólidos y orgánicos Exelim SA, sin embargo, la concejal Blanca Acuña, quien interinó al presidente del cuerpo legislativo, Roberto Brizuela, el 29 de enero pasado, día en que se decidió en plenaria la intimación, estaría ocultando la resolución.

El 29 de enero se decidió en plenaria intimar a Roque Godoy, no obstante, la resolución fue aparentemente “encajonada”.

 Desde hace unos años, usuarios y concejales vienen solicitando a Godoy que solucione la problemática con la empresa recolectora de basura, Exelim SA, representada por Alcides Ramón Domínguez, dado que presta un pésimo servicio. Los reclamos son incesantes y ahora se estaría cajoneando la resolución de intimación para romper el contrato con la firma.

Según denuncias, la responsable de esconder dicha resolución sería la edil Blanca Acuña, por razones desconocidas. La misma había presidido una sesión ordinaria el 29 de enero último, como vicepresidente de la Junta Municipal, ante la ausencia justificada de su colega presidente, Roberto Brizuela, cuando por mayoría se decidió intimar a Roque Godoy por medio de una resolución. Hasta hoy la resolución no fue firmada por Acuña ni Brizuela.

Blanca Acuña, concejal.

Según lo relatado por la concejal Julia Ferreira, pasó mucho tiempo de inacción por parte del jefe comunal, siendo que la mayoría de los ediles buscan dar respuestas a la ciudadanía. “Nos basamos en la Ley 3966/10 Orgánica Municipal, donde el intendente debe ejecutar la resolución adoptada por la Junta Municipal, ahora nos topamos con que no corren traslado de lo que decidimos. Hay muchas quejas de los usuarios, los colegas deben hacer su trabajo”, señaló Ferreira.

Las razones por las que piden revocar el acuerdo serían por el incumplimiento de recorridos, falta de mantenimiento del vertedero, patente comercial vencida, el plazo de adjudicación no podrá ser mayor a un año, sin embargo, a la empresa se le otorgó cinco años, entre otras irregularidades. Cabe resaltar que intentamos contactar con la edil Blanca Acuña, pero no obtuvimos respuestas.

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