Denuncian allanamiento irregular en una causa por robo con resultado de muerte

Una desesperada madre recurrió ayer a la sala de prensa de la Fiscalía de CDE y pidió la intervención para aclarar un caso que calificó de atropello de domicilio y abuso en el ejercicio de las funciones públicas. Victoria Servián Duarte, viuda, de 53 años, lamentó la violenta incursión de unos 20 agentes policiales al mando del fiscal Julio César Paredes, en la madrugada del 3 de octubre, mediante una orden especial firmada por la jueza Nilda Cáceres, en el marco de una investigación sobre robo agravado con resultado de muerte.

Edith Carolina Benítez Servián quedó con traumas a raíz del uso abusivo de la fuerza por parte de los intervinientes en el allanamiento. Es parapléjica y está con tratamientos intensivos.

 Los intervinientes ingresaron a la vivienda luego de romper el portón de acceso, tumbar parte de la muralla y violentar la puerta que estaba cerrada con llave, supuestamente, para detener a Mateo Verdún Sánchez, sindicado como autor de los hechos de referencia.

La mujer señaló que tiene una hija “especial” que sigue tratamiento neurológico en Apamap, quien quedó con severos traumas a raíz de la violenta incursión de los agentes policiales, quienes la hicieron arrodillar en su habitación donde descansaba junto a su hija, ya que ambas viven solas, manifestó.

Dijo que una asistente fiscal a quien no identificó, le prometió que repararían los daños causados en la fachada de la vivienda, al tiempo de pedirle disculpas por el procedimiento irregular.

Incluso los agentes policiales reconocieron su error y también prometieron algún tipo de asistencia, ya que se equivocaron de domicilio. La mujer refirió finalmente que no conoce a Mateo Verdún Sánchez, destinatario del violento e irregular procedimiento al mando de un agente fiscal, quien buscaba a uno de los presuntos autores del asalto con resultado de muerte en la firma Aposta.La, en el 14 de Minga Guazú, ocurrido el 26 de setiembre último. Analizaba denunciar el hecho para su investigación en la fiscalía de derechos humanos, según concluyó, siempre que consiga el asesoramiento de un profesional abogado.

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