Ley para combatir planillerismo debe ser aprobada cuanto antes

El director de anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), José Casañas Levi, estuvo por el Alto Paraná para verificar denuncias de “planillerismo” en las escuelas públicas del décimo departamento. Levi se reunió con miembros de la comisión asesora de educación de la Junta Departamental y el secretario de educación de la Gobernación y prometió hacer una revisión completa en dos semanas. Todo el escándalo se inició tras las declaraciones del ministro Eduardo Petta, quien habló de las sospechas de hasta 1200 planilleros en el MEC.

A propósito de los escandalosos casos que van saliendo a luz pública, recordemos que hace años un proyecto de ley que busca poner fin a la existencia de los planilleros en la Administración Pública duerme en los cajones de la Cámara de Diputados. Los propios legisladores, entre los cuales varios han sido denunciados por usar ilegalmente los salarios del Estado para pagar a sus empleados particulares, incluyendo niñeras, caseros, jardineros, choferes, o de contratar a personas que no acuden a cumplir la función para la que han sido contratadas, no tienen interés en que esa situación se modifique.

Un importante proyecto de ley, que apunta a controlar a los llamados planilleros –personas que cobran salarios del Estado sin cumplir la labor para la que fueron contratadas– se presentó hace tres años en la Cámara de Diputados, pero duerme en las comisiones sin que la mayoría de los legisladores demuestren mucho interés en tratarlo y aprobarlo.

El proyecto establece un mecanismo de control especial, conforme al artículo 1° de la Ley 1626/2000 “De la Función Pública”, a los funcionarios y las funcionarias del sector de altos ingresos, mediante una auditoría externa, y obliga a que los funcionarios mantengan un registro actualizado, donde deben hacer constar las actividades laborales realizadas en cada jornada. El control quedaría a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

De este modo, se busca evitar que siga ocurriendo una de las irregularidades más frecuentes en la Administración Pública, en donde numerosas personas cobran altos salarios del Estado sin prestar el servicio para el cual son requeridos, delito que ya ha sido bautizado como “planillerismo”, ya que los funcionarios figuran solo en las planillas, pero no aparecen en el lugar de trabajo. En la mayoría de los casos, dichas personas acceden a un puesto mediante el padrinazgo de políticos y de autoridades influyentes.

A pesar de que en los últimos años se han logrado importantes avances jurídicos, como la promulgación de una Ley de Transparencia, que obliga a declarar las listas de funcionarios y sus asignaciones, son pocas las instituciones que cumplen con esta exigencia, según lo reconoce la propia Secretaría de la Función Pública. Esta es una situación que facilita la continuidad de la práctica ilegal.

El proyecto de ley que busca acabar con el planillerismo debe ser reactivado cuanto antes. Es necesario que la ciudadanía se movilice y presione para que la clase política trate y apruebe este importante instrumento en favor de la transparencia.

También te podría gustar...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *