Acabar con el prebendarismo y superpoblación del aparato estatal

Es importante que el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez acabe con el inescrupuloso prebendarismo que impera en el Estado paraguayo y que permite alimentar a los acólitos con el dinero de los contribuyentes. La Ley de la Función Pública exige para los funcionarios un concurso público de oposición, y para los contratados la existencia de necesidades temporales de excepcional interés para la comunidad.

Todos los gobiernos posteriores a la promulgación de la Ley de la Función Pública la han ignorado y con toda tranquilidad han seguido aumentando el número de los llamados servidores públicos: Luis González Macchi dejó 157.737 funcionarios y contratados, Nicanor Duarte Frutos los aumentó a 213.238, Fernando Lugo a 245.267, y bajo Federico Franco terminaron con 261.085. Si bien es cierto que bajo el gobierno de Horacio Cartes estos números no aumentaron, sino incluso se redujeron en unos 2 mil funcionarios, todavía queda mucho que hacer en la materia.

El drama es que el exceso de funcionarios torna poco eficientes los ingresos fiscales, pues sus salarios absorben casi todo el dinero aportado por la ciudadanía. Esto demuestra que hasta ahora, sucesivamente, los diferentes gobiernos se han dedicado, principalmente, al pago de los sueldos de su personal, dejando como algo secundario la construcción y el mantenimiento de escuelas, rutas y hospitales, tal cual se tiene a la vista.

Ante esta situación, es preciso que el presidente electo elimine esta nefasta práctica prebendaria, que siempre fue fomentada precisamente por su partido, el Colorado, gran responsable de que padezcamos un Estado sobredimensionado, ineficiente y corrupto. Para ello no solo deberá impedir que de nuevo otros miles de correligionarios más ingresen a la función pública para vivir a costa de los ciudadanos sin prestarles ningún servicio apreciable, sino que, además, deberá asumir la responsabilidad de revertir el proceso, reduciendo el elefantiásico aparato estatal y dar continuidad a la reforma del Estado, que tuvo tibios pasos bajo HC.

Es claro que necesitará coraje, porque las presiones de los beneficiarios actuales y potenciales del clientelismo –diputados, senadores, gobernadores, jefes de todos los partidos políticos–, serán fortísimas. Es necesario que el nuevo gobierno sepa resistirlas. Es necesario que sepa defender el interés general y opte por una administración eficiente y honesta, sin personal superfluo, que acabe subiendo por las nubes el gasto para mantener la pesada estructura del Estado, un elefante blanco burocrático e ineficiente. Habrá duras batallas contra correligionarios, sindicatos, presiones de todo tipo, pero debe prevalecer el interés mayor, que es contar con un Estado que verdaderamente sirva al pueblo y no se sirva de él, como ha venido ocurriendo en las últimas décadas.

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