Construir nuevas cárceles debería ser una prioridad

Una nueva fuga masiva en la cárcel de menores de CDE vuelve a poner la atención en un viejo problema, la falta de seguridad en los penales del país. Recordemos que el año pasado, las autoridades del Ministerio de Justicia afirmaron que contemplan la construcción de nuevas penitenciarías para hacer frente a las necesidades que el país tiene en ese sector. En principio se harían nuevos reclusorios en Emboscada y Ciudad del Este, donde están dos de los recintos más precarios del sistema penitenciario nacional y que tienen su importancia estratégica por la ubicación geográfica y el aumento de la criminalidad.

Se ha hablado de que parte de los recursos monetarios que se invertirán en dichas construcciones provendrán de la colocación de bonos del Tesoro que se negociarán, dado que el fisco no tiene suficientes recursos para dichas obras. Es otra inversión más que encara el Estado para un sector tradicionalmente mal atendido en los gobiernos anteriores, por la insuficiencia de dinero y también por falta de una política penitenciaria adecuada.

Esta inversión en las nuevas cárceles, que superaría largamente el equivalente a los 100 millones de dólares inicialmente, puede ser cuestionada teniendo en cuenta las prioridades que tiene el Estado en otros ámbitos muy delicados como la salud y la educación. Y sobre todo las urgencias que se observan en el ámbito de la infraestructura escolar. ¿Por qué gastar dinero en cárceles cuando las escuelas necesitan urgentes inversiones?, podría alegarse.

Pero el Estado, como responsable del buen gobierno y administración en todos los aspectos que le incumben a la sociedad paraguaya, tiene también responsabilidades ineludibles en otros ámbitos de la vida nacional, como es el caso del tema penitenciario. Los inquilinos de los penales son también una parte especial de la sociedad nacional que requiere además una atención prefe­rencial de las autoridades.

El interés demostrado por las actuales autoridades del área de invertir en la mejora de los lugares de reclusión es plausible y debe ser debidamente acompañado. No será un desembolso más sin retorno como pueden ser las erogaciones sin sentido.

Teniendo en cuenta la función pedagógica que deben cumplir en un país las instituciones penitenciarias para reeducar y buscar la rehabilitación de las personas que han cometido delitos, es fundamental una buena política en esa materia. No solo por la responsabilidad que deriva de ser la autoridad política, sino también por la necesidad de velar por la seguridad de la sociedad nacional, pues si se reeducan y se rehabilitan a los reclusos, al salir en libertad serán personas que aportarán su contribución ciudadana, lejos de reincidir en el delito como ocurre ahora en muchos casos.

De acuerdo con los criterios modernos en la materia, tener presa a una persona por sus faltas o delitos en la cárcel no implica castigarla con el propósito de lastimarla y destruirla. La idea es encerrarla para darle la posibilidad de rehabilitarse y convertirla luego en un miembro útil de la sociedad a la que pertenece. En ese sentido, los penales no pueden ser solamente ámbitos de castigo, sino también, y principalmente, lugares donde se prepara a los reclusos para la reinserción en la sociedad.

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