Hay que desterrar de una vez por todas a los fiscales corruptos

Denuncias responsables indican que el fiscal Julio César Yegros, quien había logrado volver a Ciudad del Este tras haber sido trasladado a Salto del Guairá, por una serie de cuestionamientos, supuestamente exige coimas a varias personas cuyas causas están en su unidad, a cambio de no imputar o acusar. Este modus operandi, de ser cierto, no constituiría ninguna novedad en el Ministerio Público, donde son muchos los agentes que a través de este tipo de “negocios”, se enriquecieron rápidamente.

De hecho, hace ya un buen tiempo que venimos denunciando con énfasis a personas que prestan servicios en el Ministerio Público quienes viven una vida de verdaderos millonarios, lo cual no se compadece con sus sueldos, que generalmente no superan los 10 millones de guaraníes. Sin embargo, aparentemente el salario es lo de menos, ya que estas personas viven como verdaderos magnates, con lujosas mansiones, casas de campo, flota de lujosos vehículos, vacaciones en lugares paradisiacos y gordas cuentas bancarias.

Debemos de recordar que las fortunas de algunos funcionarios o ex funcionarios del Poder Judicial son llamativas y escandalosas. En la razón no se halla respuesta de cómo lograron -con modestos sueldos- amasar cuantiosas fortunas. La única explicación es que por su situación privilegiada obtuvieron ingresos al margen de la ley.

Los funcionarios públicos ganan sueldos que no alcanzan para llevar la vida faraónica que algunos ostentan sin escrúpulo alguno. Ni siquiera el hecho de estar en puestos elevados es una causa para obtener fondos que, una vez reinvertidos en negocios lícitos, puedan dar dividendos tan cuantiosos como los que se observan.

El escándalo que involucra al propio fiscal general del Estado  – con permiso – Javier Díaz Verón, es muestra clara de lo mal que están las cosas a nivel de Ministerio Público.  Recordemos que también el Colegio de Abogados del Alto Paraná y otros gremios que aglutinan a los jurisconsultos, se expidieron con firmeza sobre el tema e incluso denunciaron casos concretos al – también corrompido – Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuya respuesta no fue nada satisfactoria, en la mayoría de los casos, ya que fiscales y jueces corruptos se salieron con la suya y siguen gozando de impunidad.

Ya es hora que rindan cuentas los que transgredieron las leyes, traficaron influencias, vendieron favores, cobraron comisiones en licitaciones y desviaron a su favor fondos públicos que debían ser utilizados en favor de los ciudadanos.

No es una tarea fácil, obviamente, porque los delincuentes siempre toman sus precauciones para no dejar rastros o se escudan en prestanombres. Aun así, deben encontrarse evidencias y castigar conforme a las leyes a los que de manera ilícita acrecentaron su peculio personal.

A este paso, mientras en numerosos países de la región soplan aires moralizadores, parece que el Paraguay nunca será redimido de la ciénaga de indecencia política y administrativa en la que está paralizado si es que no son saneadas instituciones claves como el Poder Judicial y el Ministerio Público. Los ciudadanos y las ciudadanas ya no deben seguir conviviendo mansamente con los corruptos y bandidos, ni aceptar indiferentes que el dinero de los contribuyentes sea destinado al grosero enriquecimiento de familias y grupos políticos inescrupulosos, sino demostrarles públicamente su repudio y desprecio allí donde se los encuentre.

 

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