Pese al encubrimiento que brindaban los agentes de la sección Informática de la Policía al presunto narco Felipe Santiago Prieto, quien logró fugarse del Hospital de Traumas, gracias a que la orden de su captura nunca ingresó al sistema informático, aun cuando se reiteró en cuatro ocasiones, siguen sin ser removidos del puesto, evidenciándose así la protección de altos jefes policiales al esquema que opera en la institución policial. El director de la Policía, comisario principal Walter Saúl Gómez, se lavó las manos con el argumento que la citada dependencia no está bajo su mando.
Cuatro reiteraciones de oficios de la Fiscalía y el Juzgado no bastaron para que los agentes encargados de la sección Informática de la Policía ingresaran la orden detención contra el supuesto narco Felipe Santiago Prieto. Los destinados a prestar servicios en la citada dependencia son los suboficiales Ninfa Aguirre (jefa), Hugo Santacruz y la funcionaria Liz Ruiz Díaz. Los citados, a pesar de la grave denuncia en su contra, continúan inamovibles de sus puestos. La falta de determinación de los jefes policiales, una vez más, desnuda su complicidad con los hechos irregulares en la institución.
El caso de Prieto tomó estado público desde el 7 de diciembre del año pasado, cuando la fiscal Liliana Denice Duarte, interinando a su colega Karen Chaparro, dictó dos resoluciones con el mismo número, pero con contenidos diferentes. Se trata del oficio N° 2.259. La misma, en un principió, efectivamente, dictó la orden de detención de Felipe Santiago Prieto. Sin embargo, horas después, tras un presunto acuerdo con el encausado, volvió a dictar una resolución con el mismo número, pero ordenando una búsqueda y localización de un sujeto que nada tenía que ver con el caso, de forma genérica, tratando de dejar sin efecto su primer oficio. El primer oficio no ingresó al sistema informático de la Policía, pues el imputado habría pagado una fuerte suma a los encargados de la referida sección.
Sin embargo, el 19 de enero volvió la titular de la causa, la fiscal Karen Chaparro. Tras la versión del supuesto negociado y confirmar que efectivamente el procesado no contaba con una orden de captura, volvió a reiterar la captura mediante oficio N° 36/17, la detención del ahora prófugo, Felipe Santiago Prieto. Aun así, la disposición de la fiscal fue tomada desapercibida por los encargados de Informática de la Policía, con sede en la Dirección de Policía del Alto Paraná.
La larga historia de evidente protección de los propios encargados de la citada dependencia policial (informática), nuevamente tomó estado público el 14 de julio pasado, tras publicaciones periodísticas, precisamente por La Clave, el privilegio con que gozaba el presunto narco. Allí, la juez Dólica Giménez reiteró la orden de captura peticionada por la fiscal Chaparro, pero a pesar de la denuncia, los encargados de Informática, indispuestos a infringir un presunto “pacto” con el procesado, tampoco cargaron en el sistema la orden de detención.
LA PODRIDA
La podrida se armó el 22 de octubre pasado, cuando el “cliente” de los responsables de Informática, Felipe Santiago Prieto, fue atacado a balazos en Minga Guazú. En ese momento no contaba con orden de detención. El 23 de octubre, siendo las 20:45, la fiscal Karen Chaparro, tras enterarse de lo ocurrido y al mismo tiempo que el hombre no contaba aún con la orden de detención, se trasladó a la Dirección de la Policía y ordenó personalmente su ingreso al sistema policial. Fue allí que recién ingresaron al sistema la orden de detención.
ERROR
Sin embargo, la fiscal también cometió un error, pues, recién a las 13:00 del 24 de octubre, es decir, al día siguiente, ordenó al jefe de la comisaría 8ª de Minga Guazú, comisario Juan José Cubilla, custodiar al presunto narco. Pero cuando los uniformados de la mencionada dependencia policial acudieron al nosocomio, constataron que el encausado ya se había escapado de la sala de internados. Los médicos le dieron el alta voluntaria a las 09:00, es decir, cuatro horas antes de que la representante de la sociedad diera aviso oficial, por teléfono, al jefe policial.
AGENTES DENUNCIADOS
La jueza Dólica Giménez de Liuzzi, quien lleva el caso de Prieto, presentó una denuncia formal contra los funcionarios de la sección Informática de Ciudad del Este por haber “encajonado” el oficio judicial y permitir que un hombre buscado por la justicia deambule por la ciudad como sin nada. La misma fue personalmente a la Comandancia de la Policía Nacional para presentar su denuncia y conversar con el comandante, Crio. Gral. Luis Carlos Rojas, sobre esta situación. En su nota, la magistrada relató la llamativa protección que los agentes policiales brindan al presunto narco.
Hacen lo que quieren
en la “casa” del director
Es evidente que todos los funcionarios de la sección Informática de la Policía Nacional, encabezados por la suboficial Aguirre, tienen un pacto con el presunto narcotraficante Prieto, de lo contrario no se explica cómo pudieron haber encajonado cuatro oficios que dispone la orden de captura del mismo por tanto tiempo. El director de Policía del Alto Paraná, Walter Gómez, dijo que el personal de Informática no está a su cargo, pues dependen de Asunción, sin embargo, no deja de llamar la atención la pasividad con que maneja el delicado tema, teniendo en cuenta que Informática funciona en la Dirección de Policía, o sea, en la casa del director y cuesta creer que el mismo aún permita que estos funcionarios sigan trabajando como si nada hubiese ocurrido. Como mínimo, Gómez ya tendría que haberse comunicado con el propio comandante de la Policía Nacional, Luis Carlos Rojas, y solicitar que se desmantele la oficina regional de Informática que está plagada de irregularidades.
